Política / Estafas

EE. UU. abre un Threat Disruption Center para cortar los pagos a redes de estafas en el extranjero, con TRM Labs a cargo de su plataforma de rastreo

Washington ha creado un nuevo centro destinado a impedir que el dinero de las víctimas llegue a las redes criminales extranjeras que están detrás de las estafas en línea, la ciberdelincuencia y la sextorsión. El National Coordination Center del Homeland Security Task Force, que dirigen conjuntamente el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia, anunció el Threat Disruption Center el miércoles.

El centro es un núcleo compartido de tecnología y colaboración para más de 30 agencias federales y más de 440 socios estatales y locales. Permite a los investigadores clasificar las denuncias de las víctimas, mapear redes criminales y compartir inteligencia casi en tiempo real con empresas como bancos, empresas de pagos, plataformas cripto, proveedores de alojamiento web y redes sociales. Esas empresas pueden entonces suspender los pagos de las víctimas, dar de baja dominios maliciosos o bloquear las cuentas de los estafadores en virtud de sus propias condiciones de servicio, mientras las fuerzas del orden impulsan procesos judiciales e incautaciones autorizadas por tribunales.

La plataforma que lo sustenta la construye y mantiene TRM Labs, a la que el grupo de trabajo nombró su principal socio del sector privado. The Block, citando registros de contratación, informó que TRM obtuvo en julio un contrato de 94,66 millones de dólares. El grupo de trabajo cifró en 20.900 millones de dólares las pérdidas de las víctimas denunciadas al Internet Crime Complaint Center del FBI en 2025, y dijo que el centro aplica una orden ejecutiva firmada en marzo de 2026.

"Cada hora que pasa entre la denuncia de una víctima y una respuesta da a los delincuentes más tiempo para lavar los fondos robados", dijo Heith Janke, director de operaciones de la Criminal Branch del FBI.

Esta noticia es información y análisis. No constituye asesoramiento financiero, legal ni fiscal.